Controversia por fallo judicial sobre matrimonio forzado
En Pakistán, la comunidad cristiana se encuentra en estado de alerta y protesta tras un controvertido fallo judicial que ha legalizado el matrimonio de una niña cristiana de 13 años con un hombre musulmán de 30 años. Este caso, conocido como el ‘caso de María’, ha desatado un fuerte rechazo tanto a nivel local como internacional.
Reacción del gobierno y la comunidad religiosa
Ante la creciente indignación, el gobierno federal ha formado un comité nacional de 37 miembros, que incluye obispos católicos y protestantes, con el propósito de revisar el caso y proponer medidas para proteger a las niñas de conversiones y matrimonios forzados. Aunque los miembros del comité han sido notificados, todavía no se ha hecho un anuncio formal al respecto.
El Tribunal Constitucional Federal, el pasado 25 de marzo, validó el matrimonio islámico de María Shahbaz, lo que ha generado una ola de protestas. Activistas de derechos humanos, líderes religiosos y políticos han expresado su preocupación, advirtiendo que este fallo podría sentar un precedente peligroso para otros casos similares.
Manifestaciones y apoyo a María
El 10 de abril, durante una manifestación en el sur de Punjab, obispos católicos y grupos de derechos humanos se unieron para condenar la conversión forzada y el matrimonio de niñas menores pertenecientes a comunidades minoritarias. El obispo Yousaf Sohan de Multan clamó por ‘justicia para María’, destacando la necesidad de proteger a las menores de situaciones similares.
“Este fallo no solo representa una grave falla de la justicia en el caso de María, sino que también envía un mensaje peligroso que socava el estado de derecho y debilita la protección a niñas vulnerables.” - Arzobispo Khalid Rehmat
En una carta pastoral, el arzobispo Khalid Rehmat de Lahore calificó la decisión como ‘profundamente perturbadora’ e ‘inaceptable’, enfatizando la necesidad de una revisión profunda de los derechos de las niñas en el país. Durante una celebración de Pascua, el ministro federal de Información, Attaullah Tarar, se comprometió a abordar el tema e intentar calmar a la comunidad cristiana.
La situación ha llevado a muchos a cuestionar la seguridad y los derechos de las minorías religiosas en Pakistán, especialmente en lo que respecta a los matrimonios forzados y las conversiones religiosas. Activistas como Safraz Clement, líder político católico, han denunciado el secuestro y el cambio forzado de religión como violaciones graves de los derechos humanos.
Es esencial que la sociedad civil y las instituciones gubernamentales trabajen en conjunto para garantizar que las niñas y mujeres vulnerables en Pakistán reciban la protección que merecen y que se respete su derecho a elegir su religión y su futuro.
Clara Ortegoza
